A nueve días de que venza el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para armonizar la ley estatal de educación con la Reforma Educativa federal, no hay consensos entre los grupos parlamentarios del Congreso estatal, más involucrados ahora en el proceso electoral ordinario del próximo 5 de junio.
Además, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora (CNTE), se declaró desde el jueves pasado en alerta máxima para impedir que los diputados locales cumplan con lo ordenado por la SCJN.
De no cumplir, los legisladores oaxaqueños corren el riesgo del desafuero y de ser consignados ante la autoridad, como lo reiteró el propio gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en días pasados.
El pleno del máximo tribunal constitucional del país ordenó un plazo de seis meses, a partir del 26 de septiembre pasado, para que el Congreso de Oaxaca y el Poder Ejecutivo estatal concreten una obligación que pasaron por alto en agosto de 2014.
Luego de la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo federal, los ministros determinaron por unanimidad que en Oaxaca se incurrió en ‘‘omisión legislativa’’.
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