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Los centros penitenciarios de Oaxaca se han convertido en puntos en donde se permite la explotación laboral de mujeres privadas de su libertad.
Amparados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la creación de mecanismos para la generación de empleos con fines de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública avaló la contratación de reclusas como mano de obra barata, muy por debajo de lo legalmente conocido.
A pesar de que dicha ley aprobada en 2016 establece que en materia de trabajo las actividades remuneradas por terceros, deberán de brindar a las y los internos seguridad social, lo anterior no es una realidad en el Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros.
En el Cereso, el pasado 11 de octubre la SSPO firmó un convenio de colaboración con la empresa “Maquiladora Álvarez” para que 25 mujeres, bajo el disfraz de capacitación, trabajen en la elaboración de prendas. El proyecto busca ser extendido a todos los centros de readaptación en la entidad.
La celebración del convenio establece que cada interna recibirá una “beca” de 650 pesos semanales por la entrega de 800 prendas, es decir un pago de 1.2 pesos por cada una, o medidas en horas, un pago 16 pesos por hora.
Ximena Avellaneda, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GesMujer) Rosario Castellanos, indicó que si bien es positivo brindar una opción de trabajo a este sector de la población, muchas de las cuales son madres solteras y jefas de familia, debe de garantizarse que ésta sea apegada a los derechos laborales.
“Nos pone a pensar, quién finalmente se va a beneficiar de esto si no es un industrial o patrón que logra conseguir mano de obra cautiva, en el sentido literal de la palabra, a quien no se les da ningún tipo de beneficio en el trabajo”, expuso.
Muchas de las mujeres -expuso- al tener a sus hijos viviendo con ellas en el penal, seguramente tendrán que pagar para que se los cuiden mientras que desarrollan estas actividades y cubren con la cuota impuesta.
La especialista en temas de equidad y género, consideró necesario que las autoridades que realizaron el convenio, analicen lo anterior a profundidad y con el interés puesto en el beneficio de las mujeres privadas de su libertad, “muchas de las cuales no tienen juicios en proceso, que llevan años o meses esperando una sentencia”, recalcó.
fuente Citlalli Luciana
