Oaxaca.- De acuerdo a una investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), durante un periodo de tres años, Rubén Nuñez Ginez, cometió delitos de apropiación ilegal de recursos económicos en perjuicio de integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y otras actividades ilegales. Lo anterior les produjeron beneficios económicos ya identificados y documentados por 24 millones de pesos y que, dado que siguen las indagatorias alcanzarían los $132 millones.
Fuentes federales señalan que para el “lavado de dinero”, el dirigente magisterial habría contado con la colaboración de las empresas ETESA, S.A de C.V., VASA HOLDING, S.A. de C.V. y Administradora de Negocios Monte Albán, S.A de C.V., entre otras, así como de personas físicas, una de ellas identificadas por la investigación como Octavio Arturo Quintano Cassani, quien junto con las antes mencionadas de manera directa o indirecta entregaban una comisión del 3.5% quincenal calculada sobre la cobranza de la quincena respectiva a la propia sección sindical, por las ventas y/o servicios que hacían a sus agremiados. a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos vía la nómina que se manejaba cuando la sección aún controlaba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEPPO).
En el proceso de investigación realizado de 2012 a 2105, encabezada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, se determinó que con los recursos derivados de la comisión obtenida por dichos convenios ilegales las empresas citadas estuvieron realizando transferencias bancarias hacia, al menos, siete cuentas de la disidencia magisterial en el Banco Santander (México), S.A., las cuales fueron recibidas, administradas y posteriormente retiradas por Rubén Núñez; el extesorero del sindicato, Aciel Sibaja, detenido el 15 de abril de este año y otros dirigentes de la Sección 22, de quienes se omiten sus nombres.
Fuentes oficiales proporcionaron información de sólo tres cuentas bancarias, a nombre de la Sección 22, una de ellas con número 65503473683 en Banco Santander y cuya denominación es “SECCION 22 OAXACA EMPRESAS” y su titular es el señor Rubén Núñez.
Ahí se recibieron 187 depósitos de varias empresas por 31 millones 967 mil pesos, los cuales fueron retirados mediante 116 operaciones por un monto de 31 millones 672 mil pesos; la investigación arrojó que esta cantidad, a su vez, fue dispersada hacia otras cuentas de la propia Sección y finalmente distribuidos mediante pagos de cheques en efectivo o transferencias electrónicas (SPEI).
En otra cuenta contratada bajo la denominación “SECCIÓN 22 OAXACA CAPP” en el mismo banco y terminación 942, y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Claudio Felipe Mendoza García, se recibieron 52 operaciones de depósito por 45 millones 290 mil pesos, y se realizaron, con el mismo mecanismo, 3 mil 841 operaciones de retiro por una cantidad equivalente.
La información presentada y que se sustenta en un reporte emitido por fuentes federales, fue presuntamente constatada por testigos directamente involucrados en los hechos.
En una tercera cuenta también en Santander, a nombre de “SECCION 22 OAXACA FINANZAS” y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Aciel Sibaja, con número 65500169635, se observaron 70 operaciones de depósito por 8 millones 143 mil pesos, y 659 operaciones de retiros por 8 millones 223 mil pesos.
El subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, enfatizó que la ley prohíbe que la Sección 22 suscriba este tipo de convenios ilícitos, debido al carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, según lo previsto por los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función de comerciantes con fines de lucro.
La investigación señala que para el funcionamiento de este esquema las empresas transferían a Núñez, Sibaja y otros el monto de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 (3.5%) y éstos a su vez distraían la mayor parte de esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones con las que abandonaban las escuelas para participar en ellas. De hecho, en la cuenta de Santander con terminación 3683 aparece repetidamente el concepto “GASTOS DE PLANTÓN Y PLANTÓN CIUDAD DE MEXICO”.
De comprobarse la participación de Nuñez Ginez en estos delitos, artículo 400 BIS Fracción Primera Del Código Penal Federal, alcanzaría hasta 30 años de prisión.
fuente http://www.nvinoticias.com/