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Conforme trascurren las horas se aclaran los resultados del operativo que culminó con la detención de más de doce secuestradores, cuatro de ellos , profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presuntamente integrantes de una célula del Ejército Popular Revolucionario, que mantenían retenidos en contra de su voluntad a los hijos del matrimonio Álvarez Benfield y por los que solicitaban, según ha trascendido, un rescate de aproximadamente 7 millones de dólares. Las casas de seguridad donde operaban se encontraban en la Colonia Volcanes y en Reyes Mantecón, donde mantenían retenidos a los dos plagiados.
A pesar del hermetismo con el que se maneja el caso, se ha establecido que la indagatoria desde un principio tuvo dos líneas de investigación, la primera y la más robustecida fue que se encontró una posibilidad extrema que la guerrilla estuviera detrás del incidente, por la forma de llevar a cabo el secuestro, por la vestimenta que se usó y posteriormente por la escasa comunicación que se entabló con la familia de los secuestrados.
La otra línea que no dejó de investigarse fue la de personas identificadas al crimen organizado, que habrían decidido secuestrar a los hijos de Juan José Álvarez Candiani, proveedor de medicinas del gobierno de Gabino Cué y familiar de la esposa del mandatario oaxaqueño, sin embargo, esta posibilidad se fue diluyendo conforme pasaron los meses, aunque cobró vida durante la semana pasada, cuando se manejó la versión que integrantes de la mafia mantenían secuestradas a varias personas en una casa de seguridad cerca del ISSSTE, aunque la esperanza se desvaneció al encontrar que no eran los dos infantes que se buscaban desde el 14 de enero.
En marzo de este año, después de entrevistarse los familiares de los secuestrados con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el procurador Jesús Muriño Karam, recibieron una respuesta al integrarse a las investigaciones un grupo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República, el cual manejó de forma externa la propia indagatoria con la participación de inteligencia oaxaqueña, pero siempre al margen de cualquier participación de policías estatales, debido a que en un principio se sospechaba que estuvieran infiltrados policías ministeriales de Oaxaca e incluso de la propia Policía Federal Preventiva, en el secuestro.
Queda en la incertidumbre si a las investigaciones se habrían integrado miembros de los llamados “Black Wathers”, mercenarios al servicio del mejor postor, que usaron una tecnología de investigación de lo más sofisticada al intervenir no sólo medios de comunicación, además de grabar a los secuestradores a grandes distancias y con el uso de medidores de calor ubicar a las personas que dentro de la casa de seguridad se encontraban; la casa de seguridad donde mantenían a los niños estaba ubicada en el fraccionamiento Reyes Mantecón, aunque los presuntos guerrilleros secuestradores, también contaban con una casa de seguridad en la Colonia Volcanes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar al que habrían llegado primeramente minutos después del secuestro, para pasar días después, ante las investigaciones que se hacían cercanas a la casa de seguridad, a un domicilio ubicado en Reyes Mantecón, lugar en donde fueron asegurados y rescatados los dos menores.
La presunta participación de los “Black Wathers”, pudo haber sido solicitada y pagada por la familia, al parecer este grupo habría intervenido a solicitud de los padres de los menores secuestrados, debido a que el tiempo pasaba y los resultados no avanzaban, los agentes habrían usado aparatos de alta tecnología que eran operados vía satélite, lográndose la ubicación de los secuestradores. Al final, la concordancia de actividades logró los resultados satisfactorios.
Sin embargo, hay que considerar que las primeras investigaciones corrieron por cuenta de las instituciones de seguridad oaxaqueñas, las cuales desde un principio, a través de Inteligencia Político-Militar, habrían llegado a la conclusión que había presuntos guerrilleros inmiscuidos en el secuestro, por lo que se siguieron las líneas de investigación entre miembros del magisterio oaxaqueño fieles a la doctrina Marxista-Leninista, que culminaron con la captura de los presuntos delincuentes.
Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalba, Sara Altamirano Ramos y Damián Martínez Gallardo, profesores de la sección XXII del SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, forman presuntamente parte, junto con otras personas, de varias células al parecer del Ejército Popular Revolucionario (EPR), aunque el hermetismo continúa y las autoridades no han considerado esta posibilidad, se sabe que al interior de la casa de seguridad de “Volcanes” y la de “Reyes Mantecón” se encontraron al parecer armas, uniformes y propaganda con las siglas del EPR.
Las autoridades continúan en las investigaciones y se espera detener a varios miembros de esta organización guerrillera, algunos de ellos forman parte de la sección 22 del SNTE.
Trascendió que hay nombres de posibles ex líderes y durante las investigaciones se robustecen las sospechas sobre ejecuciones que se han dado en los últimos años en Oaxaca, atribuidas al parecer a ese grupo armado.
Analistas del fenómeno guerrillero califican la detención de los 12 presuntos rebeldes, como el golpe más fuerte que ha recibido esa organización político-militar durante su historia. Según se considera, el EPR quedó inutilizado en el Estado de México y en Oaxaca, al ser detenidos la mayoría de sus mandos y combatientes.
Los detenidos presuntos guerrilleros y secuestradores en los operativos simultáneos son: Luis Gutiérrez Zaldívar, de 42 años; David Vargas Araujo, de 46; Damián Gallardo Martínez, de 43; Sara Altamirano Ramos, de 44, Mario Olivera Osorio, de 46; Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, de 44; Alejandra Chávez Chávez, de 45; Alejandro Sandoval Martínez, de 50; Faustino Diego; de 46; Alberto Sandoval Rodríguez, de 25; José Ambrosio Martínez, de 50; y Enrique Guerrero Aviña, de 28
