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Oaxaca es el estado con el mayor número de presos indígenas en el país, con mil 329 reclusos que hablan alguna lengua indígena y no todos con procesos penales justos, criticó ayer el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Martínez Ramírez.
En entrevista, el presidente de la comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura local añadió que la cifra de internos indígenas en penales oaxaqueños representan el 16 % de todos los indígenas recluidos en algún centro penitenciario del país.
Consideró urgente conformar una comisión plural de todas las instancias para revisar el estado actual jurídico de los presos indígenas que se encuentran procesados, acusados y/o sentenciados.
El objetivo es verificar de manera específica que en cada caso particular se hayan aplicado y respetado los derechos que les corresponden a los presos indígenas previstas en las Leyes a nivel federal, estatal e internacional, dijo.
Subrayó que en México el sistema de justicia comprende diversos tipos de instituciones como las cortes y tribunales, los ministerios públicos y el de la propiedad, los correccionales y las cárceles, las unidades designadas de las fuerzas del orden y servicios jurídicos de todo tipo, como los centros de asistencia jurídica.
De donde se requiere la existencia de un sistema de justicia eficaz y justo que es fundamental para promover la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo entre los pueblos indígenas, reiteró.
Abundó que los derechos de los indígenas suelen negarse y violentarse en la práctica aunque exista legislación de protección.
Los hombres y las mujeres indígenas tienen una presencia desproporcionada en las sentencias condenatorias de la justicia penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos, cuestionó.
Martínez Ramírez subrayó que las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta dinámica de discriminación y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.
Un ejemplo de esta discriminación –dijo- que ignora la especificidad cultural y lingüística de los y las indígenas dentro de los Órganos de Procuración de Justicia es la falta de acceso a un traductor e intérprete por citar alguno, durante los interrogatorios y procesos penales, estos casos se han registrado en innumerables ocasiones en Oaxaca.
La falta generalizada de acceso al sistema oficial de justicia debido a la discriminación directa o indirecta profundamente arraigada en contra de los pueblos indígenas, es un rasgo de las deficiencias en la protección de los derechos humanos, por parte de diversas Instituciones que Procuran Justicia no sólo en nuestro Estado de Oaxaca, sino en todo el país, concluyó.
fuente imparcialoaxaca.com.mx
